Fuente: Concanaco Servytur
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, advierte que el comercio ilegal se ha convertido en un problema de seguridad nacional.
El Mtro. Jorge Dávila Flores, presidente de la Concanaco Servytur, explicó que los alarmantes niveles que ha alcanzado la producción, distribución y consumo ilegal de productos diversos se relacionan con el crimen organizado y se extienden como un cáncer en la economía y en la sociedad, amparados por la ausencia de reformas legales puntuales.
Informó que al término de 2011, la piratería y el contrabando habrán generado más de 80 mil millones de dólares.
El líder de la Concanaco Servytur, alertó que el negocio ilegal de la piratería y el contrabando generan más ganancias en comparación con otros sectores de la economía nacional. Señaló que de enero a octubre de este año las remesas llegaron a 19 mil 188 millones de dólares y el turismo alcanzó poco más de 9 mil 300 millones de dólares. En el caso de la inversión extranjera directa al mes de septiembre se han captado 13 mil 500 millones de dólares.
El Mtro. Dávila Flores, advirtió que los gobiernos federal, estatal y municipal, así como legisladores y consumidores deben poner un freno a este flagelo que está lesionando gravemente al comercio organizado del país, no podemos permitir que la ilegalidad impere sobre la legalidad.
Y aseveró “si no actuamos de manera urgente, después será demasiado tarde y costoso para nuestro país”
El líder de la Concanaco Servytur, destacó que no debemos postergar o hacer a un lado temas que son fundamentales para otorgar certidumbre a las inversiones nacionales y extranjeras. Indicó que la desaceleración económica mundial no es un impedimento para atraer un mayor número de inversiones a México.
Y aclaró: “No debemos subestimar el tema de la piratería, contrabando e informalidad que están llegando a niveles insostenibles”
El Presidente de la Concanaco Servytur, dijo que no se trata de desaparecer al comercio informal, se trata de reordenarlo, de buscarle espacios dentro del marco legal establecido y que paguen impuestos.
Reconoció que se requiere de voluntad política de todos los partidos políticos, para que no solo vean a la informalidad como votantes potenciales o clientela partidista sino como ciudadanos que tienen derecho a ejercer una actividad comercial dentro del marco legal.
Ya es tiempo de que en México hagamos a un lado los intereses partidistas sobre todo en tiempos electorales. El hecho, aseveró es que no estamos avanzando en problemas que son urgentes de resolver.
Informó que durante 2011 la economía ilegal fue prácticamente similar al crecimiento de la economía legal al alcanzar 5 por ciento anual, lo que representa, agregó que de acuerdo al INEGI 13.5 millones de mexicanos trabajan en la ilegalidad lo que sumado a 2.5 millones de desempleados da un total de 16 millones que comparada con los 15 millones 426 mil 942 trabajadores que están dados de alta en el IMSS, demuestra la magnitud de los actores económicos que operan en la informalidad y al margen de la ley.
Destacó que para frenar de manera inmediata los flagelos de la piratería, la informalidad y el contrabando es urgente se lleve a cabo una verdadera Reforma Hacendaria Integral y Laboral, que motive a las empresas a cumplir con sus obligaciones fiscales y otorgue una mayor estabilidad y seguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros.
El Mtro. Dávila Flores, resaltó también que es prioritario avanzar en materia de infraestructura.
“Necesitamos generar infraestructura para poder atraer más inversionistas a nuestro país, por eso es de suma importancia que no haya subejercicios en el presupuesto y que los recursos que haya asignado el Congreso a las Secretarías de Estado o dependencias de gobierno para las grandes obras ya sean federales, estatales o municipales se gasten en tiempo y forma”.
Asimismo solicitó reactivar la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal, que debe ser coordinada por la Secretaría de Gobernación y atendida por los propios Secretarios de Economía y Seguridad Pública; PGR y SAT.
